La periodista e investigadora, Antonieta Chiniellato fue la primera oradora, quien hizo un resumen a nivel nacional y local sobre quienes manejan los recursos naturales; marcó diferencias entre las distintas formas de hacer política en favor de la defensa de los recursos naturales de acuerdo a, si es un Gobierno Nacional y Popular o uno Conservador o Neoliberal.
El primero genera leyes, sostenía la periodista, de protección para que se desprendan de nuestros recursos como efecto cascada distintas etapas par mejorar la calidad de vida. En primer lugar el recurso natural genera fuentes de trabajo, lo cual permite que crezca la economía local, se produce mas recaudación fiscal y como consecuencia comienza el círculo virtuoso, es decir, no solo mejorar la calidad de vida de las familias argentinas, sino también, se puede construir escuelas, universidades, realizar obras públicas, mientras que un gobierno Conservador o Neoliberal deja la explotación de los recursos, en manos privados que luego no rreinvierten las ganancias en el país, sino que se van al exterior o la timba finaanciera, dejando qeu los precios de los productos sea manjeados por el libre Mercado o sea no hay regulación como lo debe hacer el Estado, para que haya más igualdad o equidad entre los habitantes. El Neoliberalismo o Capitalismo financiero, permite además, que los concesionarios o inversionistas de esos mismos recursos, sean quienes determinan el valor de lo que produce el recurso natural, lo que viene ocurriendo desde hace más de 200 años, ellos son los que crearon la priemra grieta, son el verdadero “el poder económico”, es el que digita quien gobierna, nombrando a los terratenientes cuando éramos solo un país agro exportador, derrocando gobiernos democráticos utilizando a las fuerzas armadas o como lo es actualmente, apoyando a partidos conformados por empresarios y sus CEOS.
“Solo en doscientos años de historia Argentina, hubo 4 gobiernos que dictaron leyes en favor de la defensa de los recursos naturales, beneficiando a las mayorías: Hipólito Irigoyen (1916-1922) Juan Domingo Perón (1945-1955) Raúl Alfonsín( 1983-1989) y Néstor y Cristina Kirchner ( 2003-20015) siendo ésta última Presdienta a la que el poder económico no pudo interrumpir su gobierno, ni con armas o con empresarios generando inflación, sino que además se haya ido el día que finalizó su mandato con una plaza llena con millones de argentinos que fueron a despedirla.
La periodista, también hizo hincapié en la participación de los ciudadanos, no solo el día que se va votar, sino que los invitó a realizar un seguimiento sobre la actuación de los legisladores para que hagan cumplir las leyes a nivel local, provincial y nacional, dado que su preocupación es
1) el proyecto del puerto de amarras que los dueños de Villa Robles, tienen planificado construir sobre el mar, lo cual cambiaría el curso de las corrientes marinas, perjudicando al resto de las localidades del Pdo. de La Costa
2) A nivel nacional el proyecto del actual poder ejecutivo publicado en el Boletín Oficial el 12 de enero el 29/2017, en el cual el gobierno puede pedir deuda a entidades financieras extrajeras, para pagar la deuda que ya asciende a casi 100 millones de dólares, poniendo en garantía nuestras recursos naturales.
Dr. Juan Manuel Molina:
Los recursos naturales de la Argentina garantizan que ningún habitante del país sufra hambre por no tener alimentos suficientes. A lo largo de estos 200 años de historia han manejado los Recursos Naturales, quiénes se vieron beneficiados con la explotación, pero esos recursos son de todos los argentinos, por eso el factor que interviene en la cosa pública y hace que la economía esté al servicio del hombre y no al revés y no que la economía se vuelva una herramienta del mercado.
Entonces pensando desde un modelo de Estado distinto, entra en juego qué conceptos tenemos de los recursos naturales. El decreto que menciona Antonieta, si Uds. lo ven muy por arriba lo único que dice es que se autorizó a tomar deuda por 20 mil millones de dólares, no dice más que eso, más allá de que podríamos discutir sobre finanzas públicas, tomar deuda para pagar gastos corrientes o intereses es nefasto porque ya nos ha pasado, estas son las recetas de Martínez de Hoz, no son de ahora, y esto no es hablar de políticas partidarias sino de hablar de finanzas públicas, entonces, tomar 20 mil millones de dólares ya es un problema, pero si a esos 20 mil millones de dólares lo tomamos como país, y en esto hay que diferenciar las responsabilidades porque el Estado somos todos, y si hablamos del Estado como Patria, somos cada uno de nosotros y no deberíamos, como decía ella, mirarnos el ombligo y no ver el de al lado, porque construimos Patria mirando al de al lado no el ombligo de cada uno, pero si hablamos como Estado-Gobierno, tenemos que diferenciar las responsabilidades del Estado, porque se vienen tres grandes responsabilidades, nacional, provincial y municipal. Esto es una responsabilidad del gobierno nacional que lo que está haciendo es tomar deuda para financiar encima intereses.
Lo preocupante es que si uno lo lee así nomás no dice nada, autoriza a colocar bonos internacionales por 20 mil millones. Lo preocupante de esto es prorrogar la jurisdicción ¿qué es eso en términos criollos? La jurisdicción es el poder judicial, el poder que tiene el Estado de juzgar, de sancionar, que se dividen en competencias, a razón de la materia penal, civil, comercial, etc., pero la jurisdicción es, dentro de la división de poderes el poder judicial dueño del martillo que le baja al contribuyente, al vecino a quien sea. Si nosotros como país cedemos nuestro derecho jurisdiccional, lo que estamos diciendo es, voy a tomar deuda y esa deuda, si hay un conflicto de intereses por esa deuda, no la vamos a juzgar en Argentina, vamos a ceder esa jurisdicción y quien nos va a juzgar va a ser un tribunal de Nueva York o de Inglaterra, eso es muy preocupante, porque es ceder soberanía. Recién hablaba Antonieta de historia y me gusta, soy nacido en un pueblo histórico, San Pedro, muy cerquita de la Vuelta de Obligado y me acuerdo haber leído cuando Juan Manuel de Rosas era gobernador allá por 1845 y la flota anglofrancesa intentaba circular por nuestros ríos sin pedirnos permiso y hubo un montón de gauchos, paisanos, gente común, no militares, que encabezados por tres locos, uno Mansilla, otro Brown y le cruzaron una cadenas sobre el río y le dijeron por acá no van a pasar, eso es soberanía, pasaron, no importa, pero luego los recibió quien era gobernador y los sacó a patadas, no van a pasar porque eso es soberanía, son nuestros recursos naturales.
Ceder nuestra soberanía, es no poner las cadenas en el río Paraná a los buitres, es decirles, nosotros celebramos un contrato de alquiler, pero en vez de ir al tribunal de Dolores, que es nuestra jurisdicción, nuestra competencia, vamos a un tribunal de Nueva York y que el juez Thomas Griesa diga si yo tengo o no que pagar el alquiler, imagínense en la toma de deuda de 20 mil millones de dólares, pero lo más grave de todo esto es que la Argentina, en este decreto, renuncia a oponer la defensa de inmunidad, ¿qué significa? Es decir, muchachos, si me vienen a cobrar la deuda no toquen lo que es mío porque es soberano, los bienes míos públicos, del Estado, los hidrocarburos, el petróleo, eso es del Estado, si alguno bono de esos buitres no lo pagamos, va a venir por el petróleo y nos va a embargar el petróleo, porque nosotros hemos renunciado con este decreto a reclamar soberanía sobre nuestros recursos naturales, dice: renuncio a poner la defensa de inmunidad soberana, pero no implica renunciar sobre tal y tal punto, un montón de cuestiones sobre las que no renuncia, pero básicamente se olvidaron de poner acá, vamos a entender que fue un error, se olvidaron de poner que los bienes privados del Estado también son parte de nuestra soberanía. Entonces, el buitre que sea no va a poder ir sobre las reservas del Banco Central, tampoco para los bienes utilizados para la misión diplomática, contra los impuestos o regalías adeudadas a la república, ni por los bienes protegidos por la ley de inmunidad soberana diplomática, pero sí van a ir contra nuestro petróleo, nuestro agua, nuestra minas, le dejamos abiertas las puertas a que ante un conflicto, el juez Griesa o algún juez de Inglaterra diga, embárguele el agua de la Patagonia. El día de mañana va a venir alguno de estos fondos que ha comprado de esos 20 mil millones de deuda pública y si no le pagamos, va a decir, vamos a embargarle el petróleo o las minas de litio, etc. Nosotros hemos renunciado a la soberanía de nuestros recursos, es decir, ofrecimos en garantía, nuestros recursos naturales.
La Constitución lo prohíbe, en el artículo 41, que se llaman nuevos derechos y garantías, que a partir del año ´94 con la reforma se incorporaron y que no se pueden modificar, incorpora esto, el derecho a un ambiente sano, la protección de los recursos humanos y pone en cabeza del Estado garantizar el ejercicio de los recursos naturales y proteger como soberanía nacional los recursos naturales, y eso implica como una prohibición, no poder poner en garantía de tomar deuda bienes de dominio privado del Estado.
Nosotros no tenemos un sistema de inconstitucionalidad previo a la sanción de las leyes, como pasa en Francia, por ejemplo, entre el Congreso y el Ejecutivo hay un órgano de control de inconstitucionalidad, por lo tanto antes de que se promulgue una ley, se revisa. Nosotros los controles lo hacemos después y lo hace el Poder Judicial que acaba de fallar en contra de la Constitución el 2x1. Ese Poder Judicial es el que controla la legalidad de los actos del Gobierno e interpreta la Constitución. Entonces, ¿hay leyes inconstitucionales? Un montón, ¿o el corralito no era inconstitucional? Y estuvo vigente hasta que empezaron a caer amparos por inconstitucionalidad y ahí hay que abrir los amparos por el medio ambiente y los recursos naturales. ¿Es inconstitucional este decreto? Sí, claro que sí. El Estado puede tomar deuda, el tema es cómo la toma y con qué garantiza la misma, esa es la crítica.
Lo que este decreto implicó es hipotecar nuestros recursos naturales, por años. Cómo revertir esto es muy complejo, porque primero ¿puede el presidente de la Nación dictar un decreto? Sí, si bien no es el órgano legislativo, en algunas ocasiones puede legislar entre comillas, la función que tiene el presidente como titular del Poder Ejecutivo, es administrar la cosa pública, ajustada a una ley de presupuesto, a una ley de ministerio y ajustado a la Constitución, y eso de administrar la cosa pública es a través de decretos, pero ese decreto puede ser designar un ministro, pagar un contrato, puede redireccionar una partida a medida que el presupuesto se lo permita, puede actuar a través de decretos, pero de administración, después hay otros decretos que son los reglamentarios de las leyes, que también es faculta del Poder Ejecutivo, reglamentar, sin modificar, las leyes sancionadas por el Congreso y después están los DNU, pero lo que es peor es que esto no es un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que fue un invento de hace muchos años que se reglamentó recién en el 2006, y en la reglamentación lo que establece el Congreso Nacional es que, tiene que ser inmediatamente revisados por la Comisión Bicameral Permanente, que está conformada por 8 senadores y 8 diputados propuestos por los distintos bloques y esa comisión realiza un dictamen sobre la validez o no de ese decreto y el Congreso puede rechazar o aceptar y además dice que tiene que ser por acuerdo de ministros y esto no es así porque está firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Nicolás Caputo, entonces esto no es un DNU, es más grave todavía. Además si el presidente puede, entre comillas, legislar en algún aspecto, no puede sobre tributos, recursos naturales o cuestiones que tienen que ver con la soberanía, ni cuestiones penales como leyes de fondo que merecen la sanción del Congreso Nacional. Entonces ¿qué necesitamos? El Congreso Nacional funcionando, sino parece una dictadura, el Congreso Nacional no solo tiene la facultad de dictar leyes a través del proceso que rige en la Constitución, que se llaman leyes en el sentido formal, sino que también es un órgano de control del Ejecutivo, ellos pueden decir, no mire señor, se equivocó, empeñó nuestros recursos.
No vine como legislador, vine como abogado y en ese sentido tengo que decir que esto mereció una denuncia penal, la hicieron, Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti y está en el Juzgado de Servini de Cubría.
Los presentes preguntaron, durante las disertaciones, hablaron de sus inquietudes, dudas, a todos y cada uno de ellos se les dio respuesta.
