El que no concuerda con las ideas del oficialismo es parte de una “casta corrupta” y la única forma de evitar la confrontación sería que todos se sometan a sus designios. Desde esa construcción autoritaria les planteó a los gobernadores que el 25 de Mayo en Córdoba firmen un Pacto de Mayo que tiene el mismo contenido que fue rechazado en la ley ómnibus, desde una reforma laboral antiobrera, hasta una reforma previsional contra los jubilados.
Hay una suma de significados retorcidos. Como cuando habla de libertad y no aclara que no es para la gente de a pie, sino libertad económica para las grandes corporaciones y las trasnacionales. O suspender la comida a los comedores populares y decir que es una medida anticasta o que de esa manera se sabe adónde va la comida. En realidad suspendió la comida para lograr el superávit fiscal y no le interesó nunca quién la recibe. Más que significados retorcidos, son mentiras.
Hizo una gran denuncia sobre los niveles de pobreza que recibió del gobierno anterior, pero esos niveles aumentaron 15 puntos en su gobierno, como nunca antes en tan poco tiempo, a partir de la devaluación del 128 por ciento, con los ingresos congelados, con los aumentos siderales de tarifas y con la desregulación de los precios de los remedios y los alimentos. Nadie puede discutir que todas esas medidas han tenido efectos devastadores en grandes sectores de las capas medias que han caído en la pobreza. Resulta de un cinismo patológico rasgarse las vestiduras por los pobres cuando sabe que las medidas que está tomando los perjudican a ellos y favorecen sólo a la casta del poder económico.
Ha dicho mil veces que la educación y la salud no son temas en los que tendría que invertir el Estado. Usar como excusa la crítica a la curricula de las universidades supuestamente “anticapitalista” y de izquierda para recortar el 70 por ciento del presupuesto universitario, que apenas alcanzará hasta el mes de mayo. Este presidente no cree en la educación pública porque defiende la educación como negocio privado.
Mintió cuando dijo que el 70 por ciento del ajuste, con el que alcanzó el superávit fiscal en tiempo record, fue sobre la política, porque el grueso de ese ajuste lo constituyó el retiro a los subsidios que provocó el aumento de tarifas y del transporte, el cierre de la canilla a los gobernadores y la suspensión de todas las obras públicas que implicó pérdidas enormes para las arcas públicas y el despido de cientos de miles de trabajadores. Lo que le sacó a la política es mínimo, pura demagogia, discurso berreta para los ingenuos.
Resulta falso mostrarse preocupado por los muertos en la pandemia cuando su gobierno dejó sin asistencia a los enfermos de cáncer. Además de mentiroso, también es demagogia barata en un tema tan delicado.
Si estuviera preocupado por la educación no les achicaría el presupuesto a las universidades, si estuviera preocupado por la salud, no hubiera cortado los tratamientos oncológicos, si estuviera preocupado por la pobreza, la hubiera incluído en alguno de los puntos del Pacto de Mayo que propuso.
El discurso se escenificó como una fiesta cuando la gente no está para festejar. Quiso transmitir a la sociedad una sensación de festejo cuando, en el mejor de los casos, la sociedad está angustiada porque asiste a un derrumbe que empobrece, que a los pobres los hace más pobres y que al comerciante y al empresario los obliga a cerrar o achicarse. El verdadero festejo es por el aguante de la sociedad que hasta ahora ha soportado esa tremenda presión con relativamente poca reacción. Hay una sociedad dividida entre los que ya tienen mucha bronca y los afectados que no quieren abandonar la ingenua ilusión de que esta caída será sólo transitoria. Aunque ya no tiene la mayoría, entre los que festejan esa caída empobrecedora y los ilusos conforman todavía una base de apoyo importante para el oficialismo.
Hubo cacerolazo y manifestantes opositores en el camino de la Rosada al Congreso y, poco antes, se había efectuado el “molinetazo”, cuando miles de personas saltaron los molinetes de trenes y subterráneos. Hay una protesta, pero comparada con el sablazo al salario, a las jubilaciones, a la salud y la educación, al cierre de fuentes de trabajo, la movilización resulta hasta muy ordenada. La protesta todavía es muy civilizada si se tiene en cuenta que hasta el Fondo Monetario y Anthony Blinken —secretario de Estado de los Estados Unidos— advirtieron que medidas tan drásticas podían resultar insostenibles.
El mismo Milei había difundido la versión de que había preparado una sorpresa. Y fue sorprendente escucharlo hablar de consensos entre marchas y contramarchas. Donde decía consenso, después amenazaba. En ese contexto lanzó su propuesta de un pacto con los gobernadores para aprobar “políticas de Estado” durante la celebración del 25 de Mayo en Córdoba, y después que aprueben los puntos de la ley ómnibus en el Congreso.
Los diez puntos que propuso para este rimbombante “Pacto de Mayo” constituyen las propuestas que están incluídas en el MegaDNU y en la Ley ómnibus que fue rebotada en el Congreso. Para suscribirlos hay que ser “libertario”. Nadie que defienda el mercado interno, o que defienda el medio ambiente, que plantee una política industrialista, distributiva o mínimamente desarrollista puede acordar con esos puntos, en los que incluso se abren las puertas a la experiencia fraudulenta de las AFJP.
En gran parte del discurso se lamentó por los niveles de pobreza. Incluso desvió la responsabilidad por las altas cifras hacia el gobierno anterior. Pero lo planteó como si fuera una de sus grandes preocupaciones. Ninguno de los diez puntos habla de la pobreza o del hambre. Ninguno.
Y a pesar de sus gritos por la libertad carajo, ningúno de los diez puntos se refiere a derechos y garantías que garanticen la libertad de las personas. Y mucho menos hay ni una sola palabra sobre el respeto a los derechos humanos que también defienden la libertad. Los diez puntos del pacto se refieren exclusivamente a cuestiones de economía y de mercado y sobre todo los que les interesan a las grandes corporaciones.
Sin embargo, el discurso le permitió recuperar la iniciativa tras la derrota de la ley ómnibus. El PRO, a través de Mauricio Macri y algunos de sus gobernadores, se alineó con Milei. El cordobés Martin Llaryora reaccionó en forma positiva, aunque aclaró que esos puntos eran para ser discutidos. Los gobernadores peronistas prefirieron no hacer declaraciones. Y el radicalismo oscila entre todas esas posiciones. Todavia falta decidir sobre el DNU y luego vendrá el Pacto, si la paciencia de la sociedad lo permite.
